El 30 de agosto de 2022, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concluyó una exhaustiva inspección sobre la firma Coxtex, determinando que se trataba de una usina de facturas sin capacidad económica ni financiera real. Como resultado, la empresa fue incluida en la base E-Apoc, donde se registran todas las entidades emisoras de facturas apócrifas. Casi dos años después, Coxtex está en el centro de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes. La Justicia sospecha que Coxtex emitió facturas para justificar supuestos gastos de esta organización.

La inspección de la AFIP, ahora parte de la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló la actividad inusual de Coxtex tras su creación en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, Coxtex emitió facturas por un total de $115.531.342,83, y en el segundo semestre esa cifra ascendió a $226.074.302,49. Entre enero y febrero de 2022, Coxtex facturó $139.119.572,65, sumando más de $480 millones en trece meses. Según un investigador, “la última facturación importante es de febrero de 2022; después aparecen montos menores hasta julio de ese año”.

La AFIP investigó a los dos supuestos socios fundadores de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, conocido como “el canadiense”. Durante la inspección, se descubrieron mensajes en el celular de Vega que indicaban su preocupación por la investigación de la AFIP. Vega y Pichuaga también estaban asociados con otras tres sociedades creadas en 2020: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.

Vega, una mujer de origen humilde, no estaba en su casa durante el allanamiento, pero se presentó posteriormente junto a su pareja, un albañil de 55 años. Pichuaga también fue allanado en su domicilio en Floresta, donde la Policía encontró un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.

La investigación de la AFIP determinó que Coxtex, supuestamente dedicada a vender equipos y programas informáticos, tenía un solo empleado registrado a pesar de facturar millones. El informe de la AFIP, ahora parte de la investigación judicial, concluyó que “se observa la emisión de facturas electrónicas con importes significativos, imposibles de ser realizadas por una sociedad sin capacidad económica y financiera exteriorizada”.

El caso de Coxtex resurgió hace dos meses cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas presentadas por el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra empresa implicada es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, que junto con Coxtex aportó facturas por un total de $25 millones.

El 21 de mayo, el juez Casanello ordenó a la Policía Federal solicitar toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios a la AFIP, incluyendo declaraciones juradas, información sobre automotores, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y fiscalizaciones o denuncias penales. La AFIP reveló, entre otras cosas, que la empresa Rumbos no había presentado declaraciones juradas desde 2019 y que el contador Lucas Adrián Buchichio, quien presentó las declaraciones de 2017 y 2018, también recibió facturas B de la empresa durante 2023 y 2024.

Recientemente, la defensa de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cambió su estrategia y apuntó al rol de la AFIP. Belliboni aseguró que las empresas Rumbos y Coxtex eran autorizadas por el organismo recaudador y que la responsabilidad de su operación recaía en ellos. Anteriormente, Belliboni había culpado a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que aprobaban las facturas, refiriéndose a la Secretaría de Economía Social, liderada por Emilio Pérsico.