l Gobierno busca hoy dictaminar un proyecto de consenso para la Ley Bases, con la adhesión explícita de los bloques dialoguistas. Tras la reciente intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado, el Ejecutivo presentó a sus aliados más cercanos el último borrador, incluyendo modificaciones en los capítulos de privatizaciones, reforma laboral y del Estado, con el objetivo de asegurar las firmas y los votos necesarios en la sesión.

Uno de los cambios clave se encuentra en el artículo 3 de la Ley Bases, que ahora incluye una lista ampliada de organismos estatales exentos de disolución, sumando nuevas instituciones como la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el CENARD y el CITEFA.

En cuanto al apartado de privatizaciones, aunque se redujo la lista de empresas públicas sujetas a privatización, el gobierno de Milei no eliminó a Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, consideradas estratégicas por parte de la oposición. Sin embargo, se extendió de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación informe al Congreso sobre el proceso de privatización de cada empresa, conforme al artículo 14 del texto.

Modificaciones en el capítulo de empleo público y la reforma laboral también fueron incluidas. La reforma del empleo público, contenida en el capítulo IV, establece cambios resistidos por los gremios estatales ATE y UPCN, quienes denuncian que atentan contra la estabilidad del empleo público. Un punto relevante es la eliminación de la posibilidad de poner en disponibilidad a trabajadores en licencia por enfermedad, embarazo o matrimonio.

El proyecto también retira el veto a las cuotas solidarias, eliminado el artículo 62 que limitaba dichos aportes solo a los afiliados, respondiendo así a las quejas de los gremios estatales y la CGT.

En cuanto a la reforma laboral para el sector privado, se realizaron ajustes en la registración laboral y el período de prueba, que sigue siendo de tres a seis meses, ampliable en ciertas condiciones, pero ahora permite a cualquiera de las partes extinguir la relación sin causa ni indemnización durante ese tiempo. También se flexibilizó la incorporación del despido con justa causa por bloqueo o toma de establecimientos, dejando la decisión al criterio del juez.

El Gobierno espera que estos ajustes logren el apoyo necesario para la media sanción de la Ley Bases, integrando disidencias y asegurando un dictamen de mayoría en el Senado.