En medio del debate por la Ley Bases, que recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados, el Gobierno incorporó un artículo que altera el reglamento interno del Estado para permitir el despido de empleados de planta permanente, intensificando así el ajuste liderado por el presidente Javier Milei.

La modificación propuesta forma parte del capítulo IV de la ley, en particular el artículo 52, el cual establece que “el personal con estabilidad laboral que se vea afectado por medidas de reestructuración que impliquen la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por exceso, según lo determine el informe razonado del órgano competente, respecto a la dotación óptima necesaria, pasará automáticamente a situación de disponibilidad por un máximo de doce (12) meses”.

Aunque desde el oficialismo aseguran que los trabajadores no serán despedidos, sino reubicados en otros roles de acuerdo con sus habilidades, hay una creciente preocupación en los sindicatos por la cantidad de puestos que serán eliminados.

Se estima que alrededor de 100,000 cargos podrían ser vaciados en los próximos meses como parte del plan de ajuste. “Al finalizar el período de disponibilidad sin que el trabajador haya obtenido un nuevo empleo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”, detalla el texto legislativo. Según datos oficiales hasta marzo, la administración nacional emplea a 330,000 personas, de las cuales 108,000 están en empresas públicas y sociedades estatales, 15,000 en otros entes, 22,000 en AFIP y aproximadamente 60,000 con contratos temporales. Por tanto, si se excluyen estos sectores, el personal de planta permanente que podría verse afectado por las medidas de reestructuración sería alrededor de 125,000, según los cálculos de funcionarios del oficialismo.