La situación legal de Alberto Fernández se complica cada vez más en la causa por el escándalo de los seguros. El ex presidente se encuentra inhibido, con levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, y sus llamadas telefónicas están bajo investigación. Además, la fiscalía antilavado PROCELAC sigue de cerca su patrimonio.

La última novedad en el caso es que el juez Julián Ercolini le ha exigido a Alberto Fernández que designe a un abogado defensor. Hasta ahora, el ex jefe de Estado no ha hecho declaraciones al respecto ni se ha presentado ante la Justicia. La causa, iniciada por presuntas irregularidades en torno al Decreto 823/2021, se centra en la obligación impuesta por Fernández al sector público estatal de contratar servicios de seguros exclusivamente con la empresa Nación Seguros.

La investigación judicial indica que esta norma podría haber favorecido una maniobra irregular con la contratación de intermediarios que recibían comisiones millonarias. La justicia federal ha identificado 45 contratos con el broker implicado en cada caso, lo que llevó a ampliar el período de investigación a toda la gestión anterior, siguiendo la solicitud del Ministerio Público Fiscal.