El Gobierno buscará avanzar en las próximas semanas con un conjunto de iniciativas sobre Seguridad y Defensa, al margen del debate sobre el proyecto de la Ley Ómnibus. Una de las propuestas principales es la modificación de la Ley de Seguridad Interior, con el propósito de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) iniciaron esta semana una serie de reuniones con referentes parlamentarios de La Libertad Avanza, PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Hasta ahora, la mayoría de los proyectos anunciados por los funcionarios han sido bien recibidos en la oposición, aunque se han planteado algunas objeciones en lo referente a la protesta social.

Los encuentros tenían como objetivo anticiparse a la discusión que se llevará a cabo en las comisiones. Bullrich busca asegurarse de contar con los apoyos necesarios para el debate o, al menos, identificar dónde encontrará las mayores resistencias. En las filas del oficialismo y de PRO, los votos están garantizados. El resto de los opositores con los que han comenzado a negociar han quedado satisfechos con las conversaciones, incluidos los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.

En el radicalismo, algunos tienen ciertos reparos con respecto al proyecto de “Ley de Orden Público”, que estaba incluido en el texto de la Ley Ómnibus. Rodrigo de Loredo, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gabriela Brower Koning, Francisco Monti y Danya Tavela prestaron atención a este tema. Aunque ese capítulo no se trató específicamente, algunos legisladores habían adelantado su oposición a modificar el Código Penal. La propuesta actual incluye aumentar las penas para quienes organicen manifestaciones o cortes de calle y sanciones por el bloqueo de comercios. Algunos temen que esto entre en conflicto con el derecho a la protesta, contemplado en la Constitución Nacional.

Además, desde el Ministerio de Seguridad se promueven penas más severas contra quienes atenten contra las fuerzas de seguridad, y se insistirá en el proyecto de “legítima defensa”, en línea con la Doctrina Chocobar.

El proyecto “antimafia”, que establece que ya no habrá una pena individual para quienes sean parte de una organización criminal, sino que se aplicará la pena por el delito más grave a todos sus miembros, ha sido mejor recibido entre la oposición. Sin embargo, algunos puntos generan dudas. Lo mismo sucede con la modificación de la ley de Seguridad Interior, bajo el argumento de que así las Fuerzas Armadas podrán participar en la lucha contra el narcotráfico en Rosario.

Otras iniciativas propuestas son la “reiterancia”, que plantea que si alguien delinque por segunda vez irá a prisión; y la expansión del Registro de ADN a todos los delitos.