La provincia de Chubut se encuentra al borde de una situación sin precedentes en Argentina, ya que su gobernador, Ignacio Torres, lidera un “lock-out energético” programado para el próximo 28 de febrero. Este movimiento, respaldado por gobernadores de la región austral, surge en respuesta a la retención de una cuota de la deuda provincial por parte del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,” una medida que agrega una nueva capa de tensión a las relaciones interprovinciales y con el gobierno central.

La disputa financiera gira en torno a una exigua suma cercana a los 13 millones de dólares, pero las implicancias son considerablemente significativas. La administración de Rawson insiste en que no se retenga esta cuota de la coparticipación automática, argumentando que es esencial para la estabilidad económica y el desarrollo provincial.

Ignacio Torres, al explicar su postura, señala que cuenta con el respaldo de sus pares regionales, quienes se han comprometido a acompañarlo en esta medida de fuerza. La magnitud de la acción es tal que no tiene precedentes en la historia argentina, planteando interrogantes sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta decisión radical.

La tensión entre las provincias y el gobierno central aumenta, y la incertidumbre sobre el suministro de energía en la región austral se convierte en un tema crítico. El enfrentamiento pone de manifiesto las complejidades y desafíos en la gestión de la deuda, la coparticipación y la toma de decisiones a nivel provincial, en un contexto nacional ya de por sí desafiante.

Los próximos días serán cruciales para determinar si la medida anunciada se lleva a cabo y, en caso afirmativo, cómo afectará no solo a Chubut sino también a la dinámica de relaciones entre provincias y el gobierno central en medio de un escenario político y económico tenso.