La Iglesia Católica dejó de recibir el aporte económico del Estado el último día de diciembre, finalizando así el período de renuncia progresiva, acordado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. El cese del pago mensual de $55.000 a los obispos marca un hito en la histórica asignación sostenida por el gobierno federal según el artículo 2 de la Constitución.

Este acuerdo para la renuncia gradual se inició como respuesta a las demandas de separación entre la Iglesia católica y el Estado en 2018. La fecha definitiva para el cese de las asignaciones fue acordada con el gobierno de Alberto Fernández, en concordancia con la Secretaría de Culto de la Nación.

La Secretaría de Culto, en una resolución de abril de 2023, habilitó a arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus funciones por edad o invalidez para solicitar individualmente el beneficio de la asignación, con la aprobación de la Nunciatura Apostólica, entre otros requisitos.

El Episcopado anunció la siguiente etapa: la prescindencia de una contribución para los seminaristas diocesanos y la sustitución de la asignación a los párrocos de frontera por apoyo a obras solidarias. Estas ayudas representaban menos del 7% del presupuesto eclesiástico.

Es importante destacar que estos cambios no afectan los aportes a colegios, que se rigen por los subsidios otorgados por las diferentes jurisdicciones del país a la enseñanza privada en función del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.