Habiendo sido aprobado en el Congreso, el acuerdo con el FMI será tratado por el directorio del organismo este viernes 25 de marzo que se espera lo oficialice. La Argentina debía afrontar este lunes 21 y el martes 22 vencimientos por un total de US$ 2.782 millones, pero el Fondo aceptó la solicitud del ministro de Economía, Martín Guzmán, para prorrogarlos hasta el jueves 31, para tiempo a la primer entrega de los DEG (derechos especiales de giro) del nuevo programa. Este será el único desembolso sin una revisión previa del Fondo de las metas pactadas en el acuerdo, los próximos se realizarán cada tres meses y dependerán del cumplimiento de los objetivos fijados.
El nuevo programa de Facilidades Extendidas, teniendo el visto bueno del Fondo, dará lugar a un primer giro por US$ 9.669 millones, de esa cifra, quedarán en las reservas del Banco Central US$ 6.887 millones, el resto servirá para cancelar los vencimientos del mes correspondientes a la cuarta amortización del Stand-by de 2018, cuyo cronograma original se mantiene sin cambios.
En la segunda quincena de junio, será la primera revisión por parte del FMI para aprobar el giro de otra cuota por más de US$ 4.100 millones. De no alcanzar las metas fijadas de recorte del déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria, el Estado debería solicitar un waiver (perdón) al Fondo Monetario que de no ser otorgado volvería a poner al país en riesgo de default.
Aunque el Gobierno ya viene llevando adelante un ajuste en las jubilaciones, ayudas sociales y otras partidas del presupuesto, es probable no alcance para cubrir las exigencias del FMI. Hasta el economista afin al Frente de Todos, Alfredo Zaiat, afirma que: “el Gobierno probablemente deberá solicitar un waiver (perdón) por incumplimientos de las metas cuantitativas en una o varias de las variables clave del programa.”
Uno de los problemas centrales para el Gobierno son los subsidios a la energía que debido al alza de los precios internacionales del petróleo y el gas vienen aumentando su participación en el presupuesto total. Según la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC) en el mes de febrero: “Los gastos primarios crecieron 14,3 % interanual, básicamente impulsados por los subsidios a la energía que se incrementaron 109,6 %” en los últimos 12 meses. Esto llevó a un incremento del déficit primario en 31,6 % para el mismo periodo (siempre en términos reales, descontando la inflación). Esto pone aún más en duda que el aumento anunciado del 40 % para las tarifas de luz y gas sea el último del año y no sea seguido por nuevos incrementos.
Incluso si Alberto Fernández logra pasar la prueba en junio, le esperan dos revisiones más sólo en 2022. Para septiembre se prevé un nuevo giro de US$ 4.185 millones, mientras que tras la cuarta revisión, en diciembre, la suma que debería enviar el FMI en caso de que la Argentina cumpla con las metas exigibles, sería de US$ 6.277 millones más. Cada uno de estos montos tiene una dimensión suficiente como para generar situaciones de gran inestabilidad en la economía.
El Gobierno justifica la necesidad de pactar con el FMI en que la única otra opción sería un default caótico de graves consecuencias. Sin embargo, son las políticas del Fondo las que generan (y generaron) ese tipo de escenarios, como podemos ver en el caso de las crisis en Grecia o Ecuador; además de la propia historia del organismo internacional en Argentina. La aprobación en el Congreso del nuevo programa, es un reconocimiento de la fraudulenta deuda con el Fondo y una aceptación al sometimiento de sus lineamientos por más de 10 años. Este camino sólo traerá mayores sufrimientos para los trabajadores, jubilados y sus familias, por eso es fundamental la lucha en las calles contra el ajuste que quieren imponer.
Fuente: La Izquierda diaria, Argentina
