Rumores y Cambios en la Nueva Administración: Sturzenegger y Caputo en la Órbita de Milei

En el programa “La Cornisa” de LN+, Luis Majul revela detalles sobre la posible designación de Federico Sturzenegger como ministro de un futuro ministerio dedicado a la Modernización del Estado, aún por establecerse. Esta tarea, vinculada a la reorganización del organigrama y legislación estatal, aparentemente sería una continuación del trabajo que Sturzenegger había llevado a cabo para Patricia Bullrich, a quien respaldaba en su candidatura presidencial.

Inicialmente, Sturzenegger fue propuesto por Javier Milei como ministro de Economía, pero tras diversos conflictos, incluyendo un supuesto desinterés de Mauricio Macri en su nombramiento para la próxima etapa gubernamental liderada por Milei, Sturzenegger declinó su postulación al Palacio de Hacienda, surgiendo entonces la candidatura de Luis Caputo.

Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la gestión de Macri, no logró satisfacer las expectativas del entonces presidente. Sin embargo, Milei había considerado su reintegración hasta que ciertos inconvenientes lo apartaron de la contienda. En paralelo, la posibilidad de Caputo como ministro tampoco ha avanzado hasta el momento, posiblemente debido a su situación judicial en Comodoro Py, su posible mala relación con el FMI o la falta de reconocimiento de la comunidad de economistas respecto a su idoneidad.

Según Majul, informado por su encuentro con Milei, Caputo ya no tendría interés en el Ministerio de Economía, donde anteriormente ocupó el cargo de Secretario de Finanzas. En cambio, preferiría retornar al Banco Central o asumir un rol asesor del presidente electo, a quien ha acompañado a EE. UU. para evaluar propuestas de emisión de deuda, un aspecto que ha intrigado a Milei desde su presentación al grupo por Nicolás Posse.

En cuanto a Sturzenegger, se menciona la necesidad de contar con expertos en Derecho Administrativo y Constitucional para llevar a cabo la reformulación del Estado. Este proceso no solo implica una reestructuración del organigrama, ya que de lo contrario podría terminar en litigios judiciales.

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