La jueza Ana María Figueroa busca regresar a su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal tras ser cesanteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a su cumplimiento de 75 años. Sin embargo, el Senado le otorgó un nuevo acuerdo para continuar en su puesto durante otros cinco años, lo que ha generado un conflicto en el poder judicial argentino.
Figueroa ha solicitado formalmente su “inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales” como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, busca que se restaure su acceso informático a las causas y que se le paguen los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de septiembre de 2023.
El tema ha comenzado a discutirse de manera informal entre los miembros del Consejo de la Magistratura, y la opinión inicial es que el organismo no tiene la autoridad para reponer a los jueces en sus cargos. La Constitución Nacional argentina establece que la edad máxima para ejercer el cargo de juez es de 75 años, a menos que el Senado otorgue un nuevo acuerdo.
La Corte Suprema de Argentina tomó la decisión de cesantear a Figueroa después de que no tuviera aprobado el acuerdo del Senado el día antes de cumplir 75 años. Sin embargo, después de la cesantía, el Senado finalmente aprobó su pliego y el presidente Alberto Fernández la designó nuevamente como jueza.
En su comunicado, Figueroa ha expresado críticas tanto a la Corte Suprema como a algunos de sus colegas en la Cámara de Casación. Alega que la Corte tuvo una “indebida injerencia” al cesantarla “fuera de sus atribuciones constitucionales”, lo que considera un acto discriminatorio.
Asimismo, acusa a algunos de sus colegas de la Cámara de Casación de llevar a cabo una reunión clandestina y sin su participación para notificar a la Corte Suprema sobre su edad y así justificar su cese. Figueroa ha recusado a miembros del Consejo de la Magistratura para que no intervengan en la resolución de su solicitud, argumentando temor de parcialidad.
La situación de la jueza Figueroa pone de manifiesto un complejo debate sobre las edades de jubilación y la independencia del poder judicial en Argentina. La resolución de este conflicto tendrá importantes implicaciones para el sistema judicial del país.
