Los abogados que representan al fondo Burford, beneficiario de un histórico fallo en el que Argentina perdió una demanda por $16.000 millones debido a la expropiación mal ejecutada de la petrolera YPF por Axel Kicillof y Cristina Kirchner, han presentado una solicitud ante la jueza Loretta Preska en Nueva York. En la solicitud, piden que se establezca un plazo de 30 días para iniciar el embargo de los activos del país.

Los beneficiarios argumentan ante la jueza que existen precedentes que demuestran la evasión de sentencias emitidas en los Estados Unidos por parte del Gobierno Argentino, así como declaraciones públicas de altos funcionarios que indican que no tienen intención de cumplir con la decisión judicial.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors, señaló que el Estado argentino no cumplió con las obligaciones estipuladas en el estatuto de la petrolera, especialmente en relación con la oferta pública de adquisición del 49% no expropiado. Ante esta situación y la anunciada apelación por parte de los abogados del Estado, los afectados por la expropiación de YPF han iniciado solicitudes de embargo. Esto podría interpretarse como una presión al Gobierno argentino para que tome una decisión y se siente a negociar, ya que la situación financiera actual del país podría dificultar la opción de evitar embargos mediante el uso de bonos.

Maril también sugiere que Burford no está dispuesto a esperar a que se conozca la identidad del próximo presidente argentino y que buscan iniciar el proceso de embargo de inmediato. Además, advierte que Argentina debería apelar y ofrecer bonos como garantía para evitar los embargos, pero la falta de dólares podría complicar esta opción.

El texto menciona ejemplos anteriores de embargos a bienes argentinos, como el caso de la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y otros embargos que ocurrieron después de la crisis financiera de 2001, incluyendo propiedades en los Estados Unidos y la casa-museo de José de San Martín en Francia.