La Cámara Federal de Casación ha tomado decisiones cruciales en dos casos que involucran a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, la Cámara reabrió el caso Hotesur-Los Sauces, ordenando que Cristina Kirchner enfrente un juicio oral en relación a sus negocios hoteleros. Esta decisión también afecta a su hijo, Máximo Kirchner, aunque Florencia Kirchner mantiene su sobreseimiento.

Además, el tribunal penal anuló el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán, en la que la expresidenta y varios funcionarios kirchneristas están acusados, y ordenó la realización de un juicio oral.

En relación al caso Hotesur-Los Sauces, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que habían sobreseído a la vicepresidenta en este caso: Daniel Obligado y Adrián Grünberg, a pesar de la objeción de Adriana Palliotti. En cuanto al proceso por el pacto con Irán, Petrone y Barroetaveña también apartaron a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.

En noviembre de 2021, Cristina Kirchner había evitado el proceso cuando un fallo del Tribunal Oral Federal 5 la sobreseyó, junto con sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. En ese entonces, el tribunal argumentó que no había evidencia de delito y, por lo tanto, no era necesario llevar a cabo el juicio.

La causa Hotesur-Los Sauces busca determinar si Cristina Kirchner recibió dinero de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que estos empresarios llevaron a cabo debido a sus relaciones con el kirchnerismo. Cabe destacar que Báez ya fue condenado en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por recibir contratos con sobreprecios, mientras que López fue absuelto en el caso Oil Combustibles.

El fiscal Gerardo Pollicita, al enviar el caso a juicio, alegó que los imputados habían elaborado un sistema destinado a transferir y disimular ganancias a favor de los expresidentes y su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros de su propiedad y otras operaciones.

Las decisiones de la Cámara de Casación han generado controversia y críticas, con fiscales y opositores acusando a los jueces de cerrar la causa de manera injustificada y de socavar años de investigación sobre posible lavado de dinero.