El gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tomado la decisión de suprimir los planes sociales para las familias que rechazaron empleo, lo que ha resultado en notificaciones vía SMS a más de 169.000 familias. Estas familias dejarán de percibir el subsidio conocido como “renta de ciudadanía”, un programa social implementado en 2019 para aquellos que enfrentaban dificultades para encontrar trabajo.

Esta medida ha provocado protestas, como en Nápoles, donde los manifestantes se reunieron en una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS). Además, muchos alcaldes de la región han solicitado explicaciones y ayuda al gobierno nacional, mientras que la oposición ha condenado la decisión.

La diputada Elly Schlein, secretaria del Partido Demócrata (PD), principal fuerza opositora, acusó al gobierno de ser “brutal” con las personas que enfrentan dificultades económicas. Por otro lado, la primera ministra Giorgia Meloni argumenta que el programa de planes sociales fracasó al desincentivar la búsqueda de empleo y por ser propenso a fraudes.

El gobierno reemplazará los planes sociales con dos nuevas prestaciones: el “subsidio de inclusión” dirigido a familias vulnerables con menores, adultos mayores o personas con discapacidad, y el “Apoyo a la Formación y el Trabajo” para familias con miembros en condiciones de trabajar. Sin embargo, estas nuevas medidas son más restrictivas y exigen buscar trabajo durante un período determinado.

El sindicato mayoritario CGIL expresó preocupación por las consecuencias de estas medidas, advirtiendo que “cientos de miles de personas se encontrarán sin apoyo en los próximos días”.

Giuseppe Conte, ex primer ministro italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), quien implementó la iniciativa de planes sociales, criticó la suspensión de la renta básica como una “guerra ideológica contra los pobres” y acusó al gobierno de actuar por venganza contra el M5S. Se prevé que esta medida genere tensiones durante el otoño.