Hace casi una década Uruguay se convirtió en el primer país del mundo que legalizaba la producción y venta de marihuana, aunque la regularización de esta substancia y para uso recreativo empezó a aplicarse en 2017. Desde entonces, e incluso con dos cambios de gobierno, primero con Tabaré Vázquez y ahora con Luis Lacalle Pou, la estrategia que impulsó la administración del expresidente José Mujica ha permanecido intacta.
El modelo uruguayo
De las 250.000 personas que se estima que son consumidoras de marihuana en Uruguay, un 39% la adquiere de forma legal, según el último estudio publicado por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA).
Esta cifra –unas 74.891 personas- corresponde a los individuos registrados en alguna de las tres opciones que ofrece el mercado regulado: la compra en farmacias, la pertenencia a un club cannábico o el cultivo doméstico.
Pero el sistema provee solo a los usuarios que están registrados, un aspecto básico y que supone un “gran impedimento”, señala Guillermo Garat, periodista uruguayo especializado en políticas de drogas en América Latina. “La regulación fue y está pensada para un solo sector de la sociedad”, dice en una entrevista a DW, haciendo referencia a sectores más humildes que no se registran.
“Se ha generado una nueva generación de jóvenes que no tienen acceso al cannabis legal y que recurre al mercado clandestino, con todo lo que eso implica para su salud”, dice Garat, y sostiene que en la medida en que la discusión política no aborde una regulación enfocada a este segmento de la población -más vulnerable a la influencia del narcotráfico-, la estrategia habrá fracasado.
En entrevista con DW, Marco Algorta, fundador de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam)
, también admite el registro como uno puntos más delicados de la ley, pero señala el acierto de la regulación. “La legalización no trajo una permisividad y un problema de salud pública, sino todo lo contrario”.
Un mercado “gris”
Este vacío -entre los registrados y el total de personas que se estima que consumen cannabis- es a través del cual se distribuye la producción sobrante. “Se creó un mercado gris, de producción tanto doméstica, como de los demás productores, que se distribuye de manera subrepticia”, afirma Garat. Un mercado “que lo cubren personas que no necesariamente son narcotraficantes o vinculados a redes, sino a veces simples cultivadores que venden cannabis para abastecer a gente conocida”, dice.
Tal mercado “gris” sustenta una marihuana producida legalmente en cultivos o clubes cannábicos, pero vendida de forma ilegal, y al que también recurren turistas, un sector que ha generado controversia al estar excluido de la posibilidad de adquirir marihuana por una de las tres vías legales. Es algo “que atenta contra el propio sistema”, señala a DW Christian Müller Sienra, periodista uruguayo y co-autor del libro “Marihuana oficial”, puesto que los empuja “a acudir al mercado negro o al mercado gris”, dice.
“Combate al narcotráfico”
Entre los argumentos para la legalización de la marihuana se encontraba el componente de salud pública, pero también el combate al narcotráfico, algo que fue un error, según Müller Sienra, ya que el narcotráfico “no vive solamente de marihuana”. Además, insiste en la necesidad de abordar este fenómeno desde un punto de vista de toda la región,no solamente de Uruguay.
De hecho, un informe de 2022 de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
sostiene que la mayoría de países de las Américas presentaron índices altos de incautación de cannabis y de cocaína, seguido de opioides sintéticos, heroína o metanfetamina. En Uruguay, además, se detectaron drogas sintéticas como “éxtasis”.
“El narcotráfico no está más fuerte porque se haya legalizado el cannabis. De hecho, para el narcotráfico, el mercado de cannabis se achicó, porque los que recurrían a esa fuente ya no están, sino que lo hacen por cultivo doméstico, por farmacias, o clubes cannábicos”, dice Müller Sienra. “Así que decir que la estrategia (de legalización) ha fracasado es muy relativo”, señala.
Trabas en el uso industrial y medicinal
Uruguay se convirtió en una excepción al regular el uso recreacional antes que el medicinal e industrial.Así, por ejemplo, pese a contar con un una ley en 2019, la producción, industrialización y usos con fines medicinales continúa siendo un asunto incompleto, según destaca un estudio de la Universidad Católica de Uruguay
.
“El coste de las licencias necesarias -de cultivo, de industrialización, de análisis-, y el tiempo de otorgamiento, han encarecido y vuelto más lento el proceso”, dice a DW Ricardo Páez, actual presidente de la Cecam, que plantea la necesidad de generar opciones de comercialización interna ante la disminución de precios y achaca el lento desarrollo del foco medicinal a trabas burocráticas. De hecho, el organismo informó que el número de empresas operativas cayó de 167 a 53 en 2022.
El cannabis está separado regulatoriamente por porcentaje de tetrahidrocanabidol (THC), su principal componente psicoactivo. Y en el caso particular de Uruguay, se cataloga como cáñamo o cáñamo industrial -o CBD- hasta el 1% de THC, y como cannabis psicoactivo, más del 1%.
Según Páez, son los casos que producen con THC menor al 1% los que tienen problemas comerciales. “No tienen mercado de colocación, los únicos son Suiza y República Checa, países con regulaciones y exigencias similares”, sostiene. “El cannabis no tiene vuelta atrás, pero el tema es la velocidad con que los países vayan desregulando para ir ampliando los mercados”.
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023
de UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) el cannabis sigue siendo la droga que más se consume en el mundo, con México, Bolivia, Colombia y Paraguay como principales productores en América Latina.
(ers)
DW
