A lo largo de Argentina, la crisis habitacional ha alcanzado niveles críticos. Un informe conjunto presentado por las organizaciones Cippec, Techo y Acij revela que más de 4 millones de hogares carecen de viviendas adecuadas, con más de un tercio de ellos necesitando urgentemente una casa nueva debido a las malas condiciones en las que habitan. Esta situación precaria se concentra principalmente en los 5.687 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), donde 8 de cada 10 barrios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan factores de riesgo.

Además de las dificultades estructurales, otro problema apremiante es la tenencia de la propiedad. De los más de 2 millones de hogares que alquilan su vivienda, el 32% destina más de la mitad de sus salarios al pago del alquiler, y el 63% de ellos tienen deudas con terceros.

En estos tiempos de cambio en las autoridades nacionales y provinciales, el informe insta a poner en agenda estas cuestiones y destaca cinco recomendaciones de políticas públicas para abordar la situación. Se enfatiza la necesidad de tomar medidas concretas para mejorar el acceso a la vivienda y garantizar condiciones habitacionales dignas.

El panorama en los barrios populares es especialmente preocupante, donde más de 5 millones de personas viven en condiciones precarias con escaso acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica, cloacas y gas natural. La exposición a factores de riesgo adicionales, como inundaciones y cercanía a vías de transporte, agrava la vulnerabilidad de estas comunidades.

En el ámbito del alquiler, el informe destaca que el Estado debe considerar a los más de 2 millones de hogares que dependen de esta forma de tenencia. Los cambios sociales han hecho que las familias sean cada vez más pequeñas, lo que aumenta la demanda de alquileres. Sin embargo, el acceso al crédito para adquirir una propiedad es muy limitado, lo que lleva a una mayor presión sobre los precios de alquileres y dificulta la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

El alto costo de los alquileres implica que un porcentaje significativo de las familias dedique más de la mitad de sus ingresos al pago mensual, dejando poco margen para otras necesidades básicas. Además, el incumplimiento de la ley de alquileres es común, con aumentos arbitrarios y una oferta limitada de unidades para alquiler debido a la creciente tendencia de destinar propiedades al alquiler turístico en plataformas como Airbnb.

En resumen, la crisis habitacional en Argentina requiere urgentemente acciones concretas y políticas públicas efectivas para mejorar las condiciones de vivienda y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todos los ciudadanos.