En una sesión maratónica y tras dos meses de inactividad, la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción a un proyecto de ley que propone un sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios en Argentina. La iniciativa busca brindar alivio a los deudores que tomaron créditos UVA y que se encuentran afectados por la inflación, dificultando el pago de las cuotas y generando temores de perder sus viviendas.

El debate sobre los créditos UVA ha estado presente en el Congreso Nacional durante más de un año, con extensos trabajos en diversas comisiones. Tras negociaciones y consensos, se logró unificar al menos 11 proyectos presentados por diferentes bloques políticos y llevar el tema a discusión en el recinto este miércoles. Aunque el tema generó divisiones en la oposición, la iniciativa fue aprobada con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, y fue enviada al Senado.

Durante el debate, se produjeron cruces entre algunos miembros de la Cámara Baja, especialmente en relación a un dictamen alternativo propuesto por diputados de Juntos por el Cambio, incluido el defensor ferviente de los UVA, Martín Tetaz. Este grupo cuestionó la necesidad de debatir esta iniciativa, argumentando que solo beneficiaría al 3% de los deudores, ya que solo alrededor de 3,000 personas de un total de 100,000 deudores UVA enfrentan problemas de morosidad. En cambio, se propuso dar prioridad al tratamiento de la fallida Ley de Alquileres. Durante el debate, Tetaz afirmó que no se debería crear un problema donde no existe.

El proyecto de Créditos UVA establece que la cuota a pagar por el crédito hipotecario estará determinada por el coeficiente de variación salarial, basado en el índice RIPTE que mide la evolución del salario formal. En los meses en que este índice supere a la inflación (IPC), se tomará el valor más bajo. Además, se establece que la cuota no deberá exceder el 30% de los ingresos del deudor y no podrá extender la duración del crédito más allá del 25% del plazo originalmente acordado. El proyecto también permite a los deudores vender su propiedad y el crédito existente, mediante un mecanismo a determinar por el Banco Central una vez que la ley entre en vigencia.