Alejandra está rodeada de cajas y maletas que no caben en el auto.
Este sábado emprenderá un recorrido de 20 horas para mudarse de Florida a Nueva York con sus tres hijos y todavía no ha definido lo más importante para ellos: qué juguetes conservarán y cuáles dejarán.
La joven colombiana de 30 años se levantaba temprano para hacer el desayuno. Luego acompañaba a Dominik, el mayor de 11, hasta la parada del autobús escolar y después llevaba al colegio a John y Samuel, los gemelos de 7 años.
Alejandra trabajaba en un almacén de comida desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Finalmente había encontrado una niñera que recogía a los chicos en la tarde y los cuidaba hasta que ella pudiera volver a casa.
Sin embargo, cuando Florida aprobó la ley SB 1718, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, los gerentes del almacén advirtieron al personal que sus puestos de trabajo estaban en riesgo.
La nueva normativa, también conocida como “ley antiinmigrante”, restringe el acceso de los indocumentados a empleos, carnets de identidad, servicios de salud y transporte. Entrará en vigor este primero de julio.
Camino a Nueva York
Al igual que Alejandra, la mayoría de los empleados del almacén son indocumentados.
“Me están cerrando las puertas a mí y a mis hijos”, dice mientras empaca las últimas pertenencias que los niños llevarán a Nueva York, donde el hermano de Alejandra les dará hospedaje mientras consigue un nuevo empleo.
A diferencia de ella, sus hijos ya hablan inglés. Dominik ingresó en un programa especial de matemáticas avanzadas, ciencias e informática de la escuela. Su sueño es estudiar finanzas en la Universidad de Harvard.
“Me siento menospreciada”, afirma Alejandra mientras separa un peluche de Simba, el hijo del Rey León, uno de los pocos juguetes que viajarán con la familia a Nueva York. “Lo único que quiero es que mis hijos tengan la oportunidad de estudiar y que sean profesionales”.
Nueva York es un “estado santuario”, como se conoce a las localidades donde los gobernadores demócratas aprobaron leyes para proteger los derechos de los indocumentados.
Gobernadores republicanos como DeSantis han estado enviando a los estados santuario, en autobuses o por avión, a migrantes que llegan a sus jurisdicciones después de cruzar la frontera sur.
Los dirigentes republicanos argumentan que la política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden permitió que el año pasado Estados Unidos alcanzara el mayor incremento del flujo migratorio irregular a través de la frontera con México en las últimas dos décadas.
Alejandra y sus hijos también entraron por la frontera con México. Ahora solicitan asilo.
La ley migratoria “más fuerte del país”
DeSantis promueve la SB 1718 como “la legislación contra la migración ilegal más fuerte del país”.
La nueva normativa obliga a las empresas que tengan 25 empleados o más a usar un sistema para verificar el estatus migratorio de los trabajadores (llamado E-Verify), les impone multas de US$1.000 diariamente si emplean a un indocumentado y amenaza a los empresarios con suspender sus licencias comerciales si incurren varias veces en estas faltas.
La ley prohíbe a las autoridades locales de Florida emitir documentos de identificación a extranjeros que se encuentren en Estados Unidos de forma irregular e invalida las tarjetas de identidad otorgadas por otros estados en esos casos.
También exige a los hospitales recopilar los datos migratorios de los pacientes y presentarlos ante las autoridades, para calcular los costos de brindar atención médica a personas indocumentadas.
Además, considera un delito grave que alguien traslade en su auto a una persona indocumentada para ingresar al territorio de Florida.
El Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington, estima que 772.000 personas indocumentadas residen en Florida.
Vivir bajo la sombra
Tadeo tiene 12 años y usa pañales.
Todavía no habla, pero recibe terapias de fonología y psicomotricidad en una escuela en West Palm Beach, cuenta su padre Maikel Piriz.
Cuando los médicos dijeron que Tadeo tenía autismo severo, sus padres visitaron escuelas en Canelones, la ciudad donde vivían en el sur de Uruguay, que no ofrecían una alternativa mejor que sentar a Tadeo en un rincón y ponerlo a jugar con tacos de figuras geométricas.
Maikel y su esposa decidieron emigrar a Estados Unidos, con la esperanza de encontrar centros especializados en el tratamiento del autismo. Llegaron al país en 2017 en avión, con visas de turistas y la intención de legalizarse lo más pronto posible.
Sin embargo, la nacionalidad uruguaya y el perfil de la familia no parecían encajar en ninguna visa que les abriera camino hacia la estadía permanente en Florida.
Salieron y volvieron a Estados Unidos en dos oportunidades, pero no encontraron el mecanismo legal para obtener la residencia.
Ante la nueva ley de Florida, Maikel y su esposa decidieron marcharse definitivamente de Estados Unidos.
“No voy a permitir que mis hijos vivan en la sombra, que sean excluidos por no tener papeles”, dice Maikel desde una finca donde limpia el establo de los caballos.
“Me iré si empieza una persecución”
Carlos, un mexicano de 53 años, aún no ha tomado la decisión de abandonar Florida.
El dueño de la empresa donde trabaja como repartidor de tortillas de maíz para restaurantes y supermercados le prometió hacer todo lo posible por mantenerlo en la nómina, aunque su licencia de conducir caducó hace dos años y a partir de ahora no podrá renovarla mientras esté indocumentado.
“Eché raíces en Florida hace 13 años. Es muy difícil levantarse de repente y hacer una vida nueva en otra parte de un momento a otro”, asegura durante un receso en su ruta diaria para repartir las tortillas de maíz.
Cada semana envía entre US$100 y US$200 a sus tres hijos en Colima, capital del estado homónimo, al oeste de Ciudad de México.
Carlos dice que considerará la posibilidad de abandonar Florida si se desata una cacería de brujas contra los indocumentados.
“Hay que ver si a partir de ahora la policía va a detener a la gente en la calle de forma arbitraria, si nos van a perseguir por el color de piel”.
“Si empieza una persecución, me voy. No estoy dispuesto a perder mi paz por esta ley”.
Los dueños de los comercios donde Carlos entrega la mercancía comentan que en las últimas semanas cayó el consumo y la venta de tortillas de maíz.
Muchos de sus clientes ya se marcharon de Florida.
BBC
