El fiscal Abel Córdoba, a cargo del juicio conocido como “la ruta del dinero K”, ha solicitado la aplicación de “medidas coercitivas” sobre la mayoría de los condenados, luego de reclamar previamente la detención de Leonardo Fariña. En un dictamen de 13 páginas, Córdoba solicitó específicamente que se coloque una tobillera electrónica para monitorear los movimientos de Fabián Rossi, Julio Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Eduardo Castro y el empresario Carlos Molinari. La decisión sobre estas medidas recae en el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, quien fue designado como juez de ejecución.
El fiscal argumentó que, tras las sentencias condenatorias y su revisión en apelación, los riesgos procesales se han incrementado notablemente, lo cual justifica la imposición de medidas coercitivas para garantizar la ejecución de las sanciones impuestas. Además, solicitó que se les coloque una tobillera con GPS a Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Sin embargo, se informó que estos condenados ya están siendo monitoreados desde hace algún tiempo.
En el caso de Lázaro Báez, además de la tobillera electrónica con un radio de 100 kilómetros alrededor de su lugar de residencia, el fiscal Córdoba pidió que se le imponga la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal y se mantenga la prohibición de salida del país. Sin embargo, su situación no se modificará de inmediato, ya que actualmente cumple prisión domiciliaria en una quinta de San Vicente y ya lleva una tobillera desde que salió de la cárcel de Ezeiza.
En cuanto a Martín Báez, el hijo mayor del empresario K, el fiscal no solicitó ninguna medida, ya que recientemente ha obtenido la libertad condicional. Martín estuvo detenido durante cuatro años y medio, primero en prisión y luego en arresto domiciliario.
El fiscal Córdoba también había pedido la detención de Leonardo Fariña la semana pasada para que cumpla con la pena de 3 años y 6 meses impuesta por la Cámara de Casación. Fariña ya ha cumplido dos años y 20 días de prisión, por lo que le restarían 1 año, 5 meses y 10 días. Sin embargo, su defensa argumenta que en tres meses podría solicitar la libertad condicional, ya que el fallo de Casación establece que las condenas restantes inferiores a 6 meses no se hacen efectivas. La defensa de Fariña también ha solicitado que se realice una donación a instituciones benéficas.
El presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, deberá tomar una decisión sobre las medidas solicitadas por el fiscal Córdoba, luego de escuchar a las querellas de la AFIP y de la UIF. El caso “la ruta del dinero K” continúa generando repercusiones y acciones judiciales para asegurar el cumplimiento de las condenas impuestas a los implicados.
