Un presunto hurto y las consecuentes denuncias de abuso de poder han desencadenado un escándalo sin precedentes en el Gobierno de Gustavo Petro en Bogotá. Todo comenzó cuando Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefa del gabinete del Gobierno y cercana colaboradora del Presidente, acusó a Sarabia de robar alrededor de US$7,000 de su casa.

Meza alegó haber sido víctima de abuso de poder al ser llevada a un sótano de la Casa de Nariño, donde habría sido sometida a una prueba de polígrafo para determinar su culpabilidad en el robo. A pesar de que el Gobierno negó cualquier abuso de poder, posteriormente se confirmó que efectivamente se utilizó el polígrafo en su contra.

Sin embargo, el caso se complicó aún más cuando la Fiscalía reveló que se habían realizado interceptaciones ilegales, conocidas como ‘chuzadas’, a la niñera implicada en el hurto. El Fiscal General, Francisco Barbosa, sorprendió al país al señalar que miembros del Gobierno estaban involucrados en estas acciones, lo que implicaba al senador Armando Benedetti en las ‘chuzadas’ ilegales.

Ante esta información, el presidente Petro confirmó la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Gobierno, debido a su presunta participación en las ‘chuzadas’ a Meza. Además, se reveló que un fiscal había autorizado la intervención de las líneas telefónicas de Meza y otra ayudante, haciéndolas pasar como miembros del Clan del Golfo, lo cual se consideró un procedimiento ilegal.

Pero el caso no se detuvo allí. Tras la salida de Sarabia y Benedetti, se filtraron unos audios en los que el exembajador realiza fuertes declaraciones a Sarabia durante una llamada. En los audios publicados por Semana, Benedetti amenaza con revelar supuestos 15,000 millones de pesos que habría conseguido en la Costa para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El Fiscal está investigando si el dinero provenía del narcotráfico y fue utilizado ilegalmente en la campaña de Petro.

Este escándalo de ‘chuzadas’ y presunto financiamiento ilegal ha generado fuertes reclamos de poder y ha dejado al Gobierno de Gustavo Petro sumido en una crisis política y ética, con consecuencias aún impredecibles para el futuro político del mandatario y su administración.