El fallo de la Corte Suprema que impidió la reelección de Sergio Uñac en San Juan ha generado preocupación en Formosa. La máxima autoridad judicial bloqueó la candidatura del gobernador sanjuanino para un segundo mandato consecutivo al considerar que permitirlo sería abrir la puerta a una potencial reelección indefinida, lo cual chocaría con los principios de un gobierno republicano establecidos en la Constitución Nacional.

La Corte Suprema también está evaluando una impugnación a la candidatura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien busca su octavo mandato consecutivo. A diferencia de San Juan y Tucumán, donde se aplicaron límites a los mandatos consecutivos, la constitución formoseña no establece restricciones en cuanto al número de veces que un gobernador puede ser reelegido.

En Formosa se argumenta que no hay interpretaciones forzadas en la candidatura de Insfrán, como las que se alegaron en los casos de Uñac y, potencialmente, de Juan Manzur, quien renunció a su postulación como vicegobernador antes de que la Corte se pronunciara sobre el asunto. Sin embargo, esta postura genera inquietud considerando que Insfrán ha gobernado ininterrumpidamente desde 1995, es decir, durante 28 años. Si logra y concluye su octavo mandato, habrá estado en el poder durante 32 años consecutivos.

Insfrán ha instruido a la Fiscalía de Estado de la provincia para que rechace el planteo ante la Corte en defensa de la autonomía y la democracia. La Corte, en su fallo sobre el caso de San Juan, deja en claro las implicancias de una concentración de poder de esa magnitud, haciendo referencia a provincias como Formosa y Santa Cruz, donde también se permite la reelección indefinida. Según la Corte, esta situación conlleva una influencia en la composición del poder judicial local y en los órganos de control, el manejo de los fondos públicos y el control de la agenda política y legislativa, lo cual erosiona la separación de poderes y rompe las condiciones de igualdad en la competencia electoral.

Para la Corte, tolerar la consolidación de esta situación significaría romper el equilibrio necesario entre la libertad de la provincia de San Juan para permitir que sus ciudadanos elijan al candidato de su preferencia y las características fundamentales del sistema republicano.