Tras conocerse los fundamentos del fiscal Guillermo Marijuan, para sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la causa por lavado de dinero junto con Lázaro Báez, trascendió que la ex mandataria seguirá siendo investigada en una causa paralela.

En las últimas horas el funcionario judicial a cargo de la investigación de la denominada causa “Ruta del dinero K”, indicó que no logró dar con ninguna prueba que determine la intervención directa por parte de la Vicepresidenta en las operaciones de lavado, por 55 millones de dólares que encabezó el empresario santacruceño.

Sin embargo, se supo que la líder del Frente de Todos, seguirá siendo investigada en otro expediente donde está imputada por operaciones de blanqueo y en el que se busca determinar si su ex socio comercial, adquirió 1.420 bienes muebles e inmuebles a título personal o como testaferro.

Es que el juez federal Sebastián Casanello, y el fiscal tienen bajo análisis una serie de intercambios comerciales, compras y ventas de inmuebles entre otras transacciones, que vinculan a los Báez y los Kirchner. Al parecer en este expediente, el empresario condenado a diez años de cárcel está imputado al igual que la ex presidenta, por el delito de lavado de dinero.

Si bien, se trata de un hecho por presuntas operaciones de blanqueo vinculadas al cuantioso patrimonio del dueño del Grupo Austral, se investiga de forma individual, ya que “no incide en nada el pedido de sobreseimiento en el expediente principal, donde hay medidas en curso y se sigue investigando la figura del posible prestanombre”, señalaron fuentes judiciales.

En el expediente consta que Austral Construcciones, además de recibir licitaciones viales del gobierno kirchnerista, volcó gran parte de esos fondos en la compra compulsiva de propiedades y diversos bienes, de hecho la causa registra unas 1.412 transacciones en ocho distritos diferentes.

A criterio de la investigación, gran parte de esas compraventas de casas, terrenos y negocios se realizaron con Austral Construcciones, y muchas se concretaron con la propia familia Kirchner.

Para la defensa de la Vicepresidenta, “no fueron retornos, fueron negocios privados”, aunque los miembros del Tribunal Oral Federal Nro. 2 (TOF2), que condenó a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, desecharon esa premisa.