El presidente Guillermo Lasso tiene la intención de aprovechar al máximo los seis meses restantes de su gobierno y avanzar en reformas que habían sido frenadas por la oposición. Aunque su salida será dos años antes de lo previsto, Lasso busca retomar la reforma estructural que no pudo aprobar debido a su condición de minoría legislativa y llevarla a cabo a través de decretos.

Las reformas que se propone implementar abarcan tres áreas: laboral, económica y tributaria. El primer decreto enviado a la Corte Constitucional, que reemplaza a la Asamblea Nacional, es el de la reforma tributaria. La propuesta incluye la aplicación de un impuesto a la renta para personas naturales y una reducción general de impuestos para el sector productivo.

Además, se espera que en las próximas horas se emitan decretos de urgencia económica que propongan privatizaciones de empresas públicas en el sector energético, cambios en la seguridad social y beneficios para las inversiones extranjeras. Entre las medidas se encuentra un proyecto sobre zonas francas, que busca fomentar el desarrollo del comercio exterior mediante ventajas tributarias. A diferencia de las zonas económicas de desarrollo especial (Zedes) implementadas durante el gobierno de Rafael Correa, la iniciativa de Lasso permitirá a los empresarios del sector privado presentar sus propias propuestas para establecer zonas francas en los lugares que consideren más convenientes, siempre sujeto a análisis técnico, jurídico y económico.

El tercer decreto se refiere a la reforma laboral, lo cual ha generado preocupación en las organizaciones gremiales que temen que esta política pueda ser regresiva para los derechos de los trabajadores. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), ha anunciado la realización de una Convención Nacional para el sábado 3 de junio, donde se definirán las acciones a seguir.

Mientras tanto, en el correísmo se observa una postura ambivalente. Por un lado, reconocen que la salida anticipada de Lasso podría ser una forma de que “se vuelva a su casa”, aunque consideran ilegal la muerte cruzada. Sin embargo, también denuncian que en estos seis meses de gobierno por decreto se fortalecerá el “costado autoritario y el neoliberalismo rampante” del presidente, y afirman que no dejará nada sin privatizar.