“Ajuste del cepo cambiario afecta a las provincias y genera controversia”

El Banco Central de Argentina ha realizado un ajuste en el cepo cambiario que está teniendo repercusiones en las provincias del país. La entidad monetaria ha establecido que solo proveerá divisas para financiar hasta el 40% de las deudas en dólares de los distritos, lo que obligará a las provincias a buscar financiamiento por otras vías o renegociar el 60% restante de sus obligaciones.

Ante este nuevo escenario, que sigue la línea del impuesto aplicado a las empresas en 2020, dos gobernadores ya han anunciado que recurrirán a la justicia en contra de esta disposición. El gobernador Rodolfo Suárez ha declarado que presentará un recurso en el fuero federal para que se deje sin efecto la medida del Banco Central.

A través de redes sociales, Suárez, quien pertenece a la Unión Cívica Radical y es aliado de Juntos por el Cambio, ha señalado que la resolución del Banco Central es “violatoria” de la autonomía de las provincias, además de ser “discriminatoria y antifederal”. El gobernador de Mendoza ha afirmado que este ajuste al cepo impide a las provincias comprar dólares al tipo de cambio oficial para pagar sus deudas, lo que duplica el costo de las mismas o las obliga a refinanciarlas, complicando el proceso de pago.

Suárez considera que esta medida es “otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que continúa perjudicando a los argentinos”. Además, ha anunciado: “Por eso, vamos a recurrir a la Justicia federal para solicitar que se deje sin efecto esta disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas”. En septiembre, Mendoza debe pagar U$S45 millones de capital y U$S15 millones de intereses, pero solo podría acceder a U$S18 millones al tipo de cambio oficial (que representa el 40% permitido por el Banco Central), según informa el portal Los Andes. El resto (U$S42 millones) deberá ser obtenido por otros medios o intentar refinanciar la deuda.

El gobierno de Córdoba también ha utilizado el argumento de la “discriminación y antifederalismo” para expresar su desacuerdo con la medida. Córdoba fue el primer gobierno en reaccionar ante esta resolución. En un comunicado, el gobierno de Juan Schiaretti advirtió que esta medida imprevista atenta contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias, especialmente considerando que los compromisos asumidos en dólares fueron autorizados por el propio Estado nacional, generando un perjuicio notable para la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba ha anunciado su intención de recurrir a la justicia federal.